San Isidro reguló el sorteo de espacios para propaganda electoral en 2026, estableciendo procedimientos vinculantes que ordenan la asignación de ubicaciones en vías públicas; simultáneamente, el Ejecutivo declaró de necesidad pública las inversiones privadas en Madre de Dios para concesiones de alcantarillado en Puerto Maldonado, activando un régimen especial de contratación en zona de frontera. El Congreso transfirió recursos adicionales a la Contraloría para fortalecer fiscalización, mientras que Patrimonio Cultural protegió provisionalmente cuatro sitios arqueológicos —Litardo en Chincha Baja, El Mirador en Nasca, Narihualá en Catacaos y Ataumarca en Huancavelica— imponiendo restricciones de uso sobre esos terrenos. Los procedimientos electorales municipales, las inversiones en infraestructura de frontera y las obligaciones de preservación arqueológica operan ahora con reglas operativas definidas.