TC declara improcedente habeas corpus contra ejecución de sentencia de alimentos

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Sala Segunda. Sentencia 1239/2026
EXP. N.º 05282-2025-PHC/TC 
CALLAO
GIOVANNI EDUARDO 
VENTURA CRUZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 13 días del mes de agosto de 2026, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, 
Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los 
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con 
lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giovanni 
Eduardo Ventura Cruz contra la Resolución 7 de fecha 22 de agosto de 20251, 
expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus
de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 9 de abril de 2025, don Giovanni Eduardo Ventura Cruz 
interpuso demanda de habeas corpus2contra las señoras Julia Elena Vivero 
Diez y Marilyn Elizabeth Baltazar Rossel, juezas pertenecientes al Segundo 
Juzgado de Paz Letrado, así como contra doña Yngerborg Annette Bernaola 
Mendoza, en su condición de especialista legal del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado. Alega la amenaza de vulneración del derecho a la libertad individual, 
y la vulneración de los derechos al debido proceso, a la pluralidad de 
instancias, a la presunción de inocencia, a un juez imparcial, a la verdad, a la 
prueba, a la dignidad, a la imagen, a la igualdad y a la defensa, y del principio 
de legalidad en conexidad con la libertad personal. 
Solicita que se suspenda la ejecución de la sentencia de fecha 30 de 
enero de 20233, que declaró fundado en parte la demanda que presentó doña 
Emperatriz Delia Fernández La Madrid en su contra; en consecuencia, acuda 
por concepto de pensión alimenticia a favor de la demandante en calidad de 
cónyuge en la suma de veinte por ciento (20%) de su pensión de jubilación4; 
y que se declare nula la Resolución 14 de fecha 4 de febrero de 20255, por la 
1
F. 147, Tomo II, del documento pdf del Tribunal.
2
F. 4, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
3
F. 92, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
4 Expediente 02901-2022-0-0701-JP-FC-02.
5
F. 18, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimiblelocalizada en la sede digital del Tribunal Constitucional. La verificación puede ser efectuada a partir de la fechade publicación web de la presente resolución. Base legal: Decreto Legislativo N.° 1412, Decreto Supremo N.°029-2021-PCM y la Directiva N.° 002-2021-PCM/SGTD.URL: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2026/05282-2025-HC.pdf
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que se le requirió que cumpla con pagar el monto de S/. 16, 107.67 soles, 
correspondiente al periodo de diciembre 2022 a noviembre 2023, en el plazo 
de tres días; bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio 
Público a pedido de parte. 
El recurrente alega que, al momento de resolver el proceso de 
alimentos subyacente, las juezas emplazadas incurrieron en un error, al 
imponerle el pago de una pensión alimenticia mensual a favor de un hijo que 
no existe. Aduce que, aunque se encuentre casado, no tiene descendientes, 
por lo tanto, considera que no corresponde la ejecución de algún descuento 
de su pensión, más aún cuando su persona sufre de parálisis facial de segundo 
grado. Manifiesta que, los anexos de la Resolución 11 de fecha 3 de junio de 
2023 señalan años distintos para el cálculo de la liquidación de pensiones 
devengadas. Añade que, se pretende privarlo de su libertad personal de 
manera arbitraria, pues, al no cumplir con el pago, podría ser procesado por 
el delito de omisión de asistencia familiar. 
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, mediante Resolución 1 de fecha 10 de 
abril de 20256, admitió a trámite la demanda. 
La especialista legal emplazada Yngerborg Annette Bernaola 
Mendoza7y la jueza demandada, doña Julia Elena Vivero Diez, contestaron 
la demanda8. Solicitan que esta sea declarada improcedente por considerar 
que los agravios planteados carecen de relevancia constitucional. Refieren 
que el Expediente 2901-2022-0-0701-JP-FC-02, proceso de alimentos que se 
encuentra en etapa de ejecución de la sentencia de fecha 30 de enero de 20239, 
se encuentra consentida, y tiene dos liquidaciones de pensiones devengadas 
formuladas por la demandante en el citado proceso. Señalan que en la 
Resolución 9 de fecha 4 de marzo de 2024, existe un error mecanográfico al 
hacerse referencia a un “menor alimentista”, pues, acorde a la sentencia de 
fecha 30 de enero de 2023, la alimentista es la cónyuge del beneficiario. 
Además, indica que, los argumentos relacionados con la separación de 
cuerpos o divorcio son categorías jurídicas que no corresponde ser evaluados 
dentro de un proceso de alimentos. 
6
F. 41, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
7
F. 47, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
8
F. 286, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
9
F. 92, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
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El procurador público adjunto del Poder Judicial se apersonó al 
proceso10, y contestó la demanda indicando que no se acredita cuál es la 
inminencia de la amenaza o atentado al derecho de libertad personal del 
recurrente, teniendo en cuenta que no acredita resolución judicial que 
amenace o restrinja dicho derecho, en el proceso de alimentos. 
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, mediante sentencia, Resolución 3, de 
fecha 13 de mayo de 202511, declaró improcedente la demanda debido a que 
no se advierte vulneración o amenaza al derecho a la libertad personal, 
constitucionalmente protegido por el habeas corpus. Precisa que, en el 
proceso civil subyacente, no se ha ordenado medida alguna que genere 
restricción a dicho derecho. Por lo tanto, advierte que, en realidad, los hechos 
denunciados guardan relación con aspectos propios de un proceso de 
alimentos, lo cual es competencia exclusiva del juez ordinario especializado 
en materia civil.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, a través de la Resolución 7, de fecha 22 de agosto de 2025, 
confirmó la apelada por similares fundamentos. Añadió que, la sentencia de 
fecha 30 de enero de 2023, es clara al establecer que la pensión es a favor del 
cónyuge del recurrente. 
FUNDAMENTOS 
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se suspenda la ejecución de la sentencia 
de fecha 30 de enero de 202312, que declaró fundado en parte la demanda 
que presentó doña Emperatriz Delia Fernández La Madrid contra don 
Giovanni Eduardo Ventura Cruz; en consecuencia, acuda por concepto de 
pensión alimenticia a favor de la demandante en calidad de cónyuge en la 
suma de veinte por ciento (20%) de su pensión de jubilación13; y que se 
declare nula la Resolución 14 de fecha 4 de febrero de 202514, por la que 
se le requirió a don Giovanni Eduardo Ventura Cruz que cumpla con 
10 F. 83, Tomo II, del documento pdf del Tribunal.
11 F. 92, Tomo II, del documento pdf del Tribunal.
12 F. 92, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
13 Expediente 02901-2022-0-0701-JP-FC-02.
14 F. 18, Tomo I, del documento pdf del Tribunal.
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pagar el monto de S/. 16,107.67 soles, correspondiente al periodo de 
diciembre 2022 a noviembre 2023, en el plazo de tres días; bajo 
apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público a 
pedido de parte. 
2. Se alega la amenaza de vulneración del derecho a la libertad individual, y 
la vulneración de los derechos al debido proceso, a la pluralidad de 
instancias, a la presunción de inocencia, a un juez imparcial, a la verdad, 
a la prueba, a la dignidad, a la imagen, a la igualdad y a la defensa, y del 
principio de legalidad en conexidad con la libertad personal. 
Análisis del caso en concreto
3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que 
el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad 
individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que, para 
que proceda el habeas corpus, el hecho denunciado de inconstitucional 
necesariamente debe redundar en una afectación negativa, real, directa y 
concreta del derecho a la libertad personal o sus derechos constitucionales 
conexos. 
4. El Tribunal Constitucional ha detallado que para determinar si la amenaza 
de un derecho es inminente, debe establecerse, en primer lugar, la 
diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes. Los 
primeros son aquellos actos inciertos que pueden o no suceder, mientras 
que los segundos son los que están próximos a realizarse, es decir, su 
comisión es casi segura y en un tiempo breve (Cfr. sentencia emitida en 
el Expediente 2484-2006-PHC/TC). Además, la amenaza debe reunir 
determinadas condiciones; a saber: a) debe ser cierta, es decir, que exista 
un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de 
lado conjeturas o presunciones; y, b) la inminencia de que se produzca el 
acto vulnerador, esto es, que el atentado a la libertad personal esté por 
suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal 
los simples actos preparatorios15.
5. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, respecto a la 
procedencia del habeas corpus ha precisado que si bien el juez 
constitucional puede pronunciarse sobre la eventual violación o amenaza 
de violación a los derechos constitucionales conexos, como los de 
15 Sentencia recaída en el Expediente 01616-2022-PHC/TC.
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defensa, a la prueba, etc.; ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre el derecho invocado y el derecho a la libertad personal, de 
modo que la amenaza o violación al derecho constitucional conexo incida 
también en una afectación negativa, directa, concreta y sin justificación 
razonable en el derecho a la libertad personal16. 
6. En el caso en concreto, el recurrente solicita que se suspenda la ejecución 
de la sentencia de fecha 30 de enero de 2023, emitida en un proceso civil 
de alimentos y el requerimiento establecido en la Resolución 14, para el 
pago de pensiones devengadas. El actor cuestiona que, al momento de 
resolver el proceso de alimentos subyacente, las juezas emplazadas 
incurrieron en un error, al imponerle el pago de una pensión alimenticia 
mensual a favor de un hijo que no existe. Aduce que, el recorte de su 
pensión es ilegal y arbitrario, por no existir un alimentista legítimo, ya 
que no tiene descendientes. Precisa que, a causa del estrés provocado por 
el proceso civil en mención, su persona sufre de parálisis fácil de segundo 
grado. Además, cuestiona que, los anexos de la Resolución 11 de fecha 3 
de junio de 2023 señalan años distintos para el cálculo de la liquidación 
de pensiones devengadas. Por último, señala que, se pretende privarlo de 
su libertad personal de manera arbitraria, pues, si no cumple con los 
pagos, podría ser procesado por el delito de omisión de asistencia familiar. 
7. A partir de lo expuesto, se advierte que tales cuestionamientos, en sí 
mismos, no constituyen una afectación negativa, directa y concreta a la 
libertad personal del recurrente, ni configuran amenaza cierta e inminente 
a dicho derecho, por el contrario, los hechos denunciados están dirigidos 
a cuestionar decisiones judiciales recaídas en el proceso civil subyacente; 
en el que no se discute asunto alguno referido a la libertad personal del 
recurrente.
8. En este sentido, cabe destacar que, si bien, en la resolución en cuestión, 
se advierte de un posible inicio de proceso penal -ante el incumplimiento 
del pago de las pensiones-, ello no implica per se una amenaza de 
vulneración del derecho a la libertad personal que se tutela mediante 
proceso de habeas corpus. Máxime si no existe alguna resolución judicial 
firme que haya determinado su responsabilidad penal y, en consecuencia, 
ordenado alguna condena en contra del favorecido.
16 Sentencia recaída en el Expediente 04791-2014-PHC/TC.
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9. Por consiguiente, la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del 
Nuevo Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS. 
OCHOA CARDICH
GUTIÉRREZ TICSE
PACHECO ZERGA
PONENTE PACHECO ZERGA