El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, lo que permite restringir algunos derechos constitucionales mientras dure la medida, y en paralelo declaró en emergencia la infraestructura educativa pública de todo el país para habilitar intervenciones excepcionales en los locales escolares. En el frente externo, el Perú ratificó un acuerdo de asistencia administrativa mutua con los Países Bajos que permite a ambas aduanas intercambiar información para combatir infracciones, y aceptó las enmiendas al Tratado de Cooperación Amazónica. La inversión privada de capital extranjero en la Zona Franca de Tacna fue declarada de necesidad pública, lo que habilita a inversionistas foráneos a operar en esa área de frontera. El MEF fijó además la Unidad de Ingreso del Sector Público para 2027, valor de referencia para calcular los ingresos de autoridades y funcionarios del Estado.